Semanal 5

·       Recortes presupuestarios en la DGA.

El Gobierno central ha instado a las autonomías a que se comprometan a reducir hasta 2013 un 4% del dinero que dedican a sueldos. Ello, está vinculado con la reducción del déficit al 3% del PIB, para lo cual han de colaborar todas las autonomías. Una de las medidas anticrisis es disminuir el número de altos cargos y reducir considerablemente las convocatorias de empleo público. Un posible ejemplo a seguir –algunas autonomías ya han asumido el compromiso- es reducir los puestos de colocaciones “a dedo” en un 30%. Actualmente, Aragón tiene 42 empresas públicas, 17 fundaciones, 13 consorcios y 11 entes públicos, entre otros. Sólo en empresas públicas trabajan unas 1.500 personas.

Otra de las consecuencias que han sufrido las consejerías en materia de recortes presupuestarios es la supresión de más de mil becas de los programas Miguel Servet y Estudia. A su vez, la dotación al programa Erasmus ha bajado un 30%, pasando de 505.000 euros a 350.000 euros en este curso actual.

·       Ayudas sociales y tesorería en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza es el tercer Consistorio que más aumenta las ayudas para erradicar la exclusión social en el periodo que abarca desde 2004 a 2009, el cual ha subido un 132%, sólo superado por Málaga y Sevilla.

Debido a la coyuntura económica, que ha provocado aumento del desempleo, precariedad laboral y endeudamiento asociado a las hipotecas, se ha disparado la petición de ayudas hasta un 40%, lo que ha supuesto que el Ayuntamiento haya potenciado los recursos para mitigar los daños.

Nuestra Fundación tiene previsto sacar a la luz una Guía que sirva de orientación a las personas desamparadas, con pocos recursos económicos, etc., la cual informará de los centros (albergues, comedores, duchas…) donde pueden satisfacer los colectivos antes mencionados sus necesidades básicas.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una deuda con los proveedores que llega a los 76,1 millones y con las grandes contratas de 32 millones, casi 100 millones de euros, muy cerca del máximo legal del porcentaje de endeudamiento (capacidad del Ayuntamiento de hacer frente a los créditos), que el Gobierno central acaba de elevar del 110% al 125%.

Desde el Consistorio se achaca la falta de efectivo en caja a los más de 65 millones de euros pendientes de cobrar por venta de suelo y a los 30 millones que faltan para cubrir el 30% de los costes del FEIL que han obligado al Consistorio a solicitar un crédito a corto plazo para hacer frente a los pagos.