En los últimos días se han publicado balances sobre el primer fondo de Inversión Local, que destacan lo positivo de la creación de varios cientos de miles de puestos de trabajo, pero también la precipitación con la que se diseñaron y adjudicaron muchas de las obras. Frente a ello, el Fondo Estatal de Inversión Local para 2010, cuyos proyectos pueden solicitarse por los Ayuntamientos hasta el 3 de febrero, intenta continuar en la misma línea, pero con una importante novedad: ahora no sólo se financian obras, sino otro tipos de contratos de nuevas tecnologías y economía sostenible, y también proyectos educativos y sociales.

Tras la esperiencia de 2009, el nuevo Fondo es una inyección económica para los Ayuntamientos, que paliará los duros efectos de la crisis económica. Pero, tal y como exponíamos en el artículo del año pasado, debería aprovecharse la ocasión para que todas las Administraciones y Gobiernos lleven a cabo una modernización de sus pesados aparatos burocráticos y ahorren así al contribuyente miles de millones de euros anuales.

También es urgente reformar el sistema financiero de los Entes Locales y reforzar sus competencias, pues los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano, y las comunidades les deberían transferir servicios como la educación y sanidad primaria, servicios sociales y otros.

Urge pues poner en marcha un proceso de modernización administrativa y de descentralización de competencias hacia los municipios y demás entes locales. El modelo de gestión pública que instaura el Fondo Estatal de Inversión Local es modélico en muchos aspectos: rapidez de trámites, administración electrónica, pago inmediato a contratistas y subcontratistas, obligación de ejecución inmediata de los contratos, etc. Y si el Gobierno de España está teniendo reflejos, en Aragón seguimos con total ausencia de planes y de medidas contra la crisis, cuando la Administración Autonómica tiene casi el 50% de las competencias públicas y presupuesto público. Esta situación no puede seguir, porque ya son casi 85.000 los aragoneses en paro y varios miles de esos empleos se habrían salvado con una actitud más valiente.

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