En la sección Opinión del diario El País publican un artículo muy interesante de Antonio Estella, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y Carlos Mulas-Granados, directivo de la Fundación Ideas.

Desde nuestra Fundación apoyamos punto por punto todos los objetivos y medidas propuestas en este artículo, escenificándose en aumentar el presupuesto, reforzar el poder de la Comisión e incentivar el cambio de modelo.

Os dejamos el enlace al artículo y también el enlace de esta Fundación.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/nueva/gobernanza/economica/2020/elpepuopi/20100326elpepiopi_5/Tes

http://www.fundacionideas.es/

Os adjuntamos todos los enlaces que dan difusión al último artículo de César Ciriano ” El coste económico de la corrupción”. Ojalá todo esto sirva de ejemplo y haya más medios que difundan nuestra lucha contra semejante lacra.

http://www.documentalistas.org/colaboradores/firmas/index6.php

http://twitter.com/fundacioncd

http://www.documentalistas.org/rss.xml

http://www.documentalistas.org/colaboradores/firmas/p6/cesar_ciriano1.php

http://www.facebook.com/pages/Fundacion-Ciencias-de-la-Documentacion/146040994171?ref=ts&v=info#!/notes/fundacion-ciencias-de-la-documentacion/firmas-coste-economico-de-la-corrupcion-cesar-ciriano-espana/379207343035

El diario de información general por internet, Franja Digital, publica el artículo “El coste económico de la corrupción” de César Ciriano, que adjuntamos días atrás, concretamente el 18 de marzo.

Esperemos que no se deje de dar difusión a temas así, ya que la falta de transparencia y la existencia de corrupción es un tema de una actualidad latente.

http://www.franjadigital.com/page.jsp?noticia=26882

Hoy, 22 de marzo de 2010, Aragón Digital ha publicado el artículo de César Ciriano “El coste económico de la corrupción”, que anteriormente publicamos aquí sin saber qué medio le iba a dar difusión.

Os dejamos el enlace para los que no lo hayáis visto aún:

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=71661&secid=21

Se cumple en estos días el aniversario del conocido caso Molinos de La Muela, todavía sometido a investigación judicial y policial, que durará probablemente uno o dos años más, y cuyas son todavía, a día de hoy, imprevisibles.

Al mismo tiempo, en estos días sale de su situación de reclusión Luis Roldán, un personaje que en los años 90 fue para España una especie de bestia negra para la imagen internacional de un país que se había modernizado en el ámbito económico y social tras su entrada en la Unión Europea, pero que en materia de corrupción no había hecho todavía sus deberes.

Estos dos casos que acabo de exponer no son ni mucho menos los únicos existentes en la reciente historia de España y de Aragón, en donde estoy convencido de que la inmensa mayoría de los cargos públicos desempeñan su trabajo con honestidad y con renuncia a gran parte de su vida personal y familiar, pero que constituyen el ejemplo de la necesidad, hoy, de acometer una reforma profunda y radical del modo de funcionamiento de nuestros gobiernos y administraciones en la administración de la cosa pública.

Es preciso, en este contexto, poner en práctica Códigos de Buen Gobierno en el ámbito público y empresarial , con carácter obligatorio y coercitivo, y que consigan frenar el fenómeno de la corrupción a través de la concienciación de la sociedad y de los responsables públicos, y del castigo ejemplar y contundente de las prácticas que vulneren estas reglas de buen gobierno.

Si se instaura en nuestra sociedad una nueva cultura de la honestidad una nueva cultura de la honestidad y transparencia en el ámbito público y de la empresa, nuestro sistema democrático saldrá notablemente fortalecido y reforzado, y los ciudadanos tendrán muchos motivos para confiar en el sistema.

Para conseguir estos objetivos, es preciso acometer una reforma profunda de los Gobiernos y Administraciones, con una reducción de los trámites burocráticos y una mayor transparencia en el acceso de los ciudadanos a la información administrativa.

Resulta también necesario conseguir una mayor austeridad en las cuentas públicas, con una reducción radical del sector público empresarial, que hoy en Aragón gestiona entre 600 y 900 millones de euros en 2010, en gran parte ajeno al control parlamentario y contable.

Deben regularse de un modo mucho más estricto los conflictos de intereses de los cargos públicos, para evitar recientes episodios bien conocidos y polémicos de lo que los anglosajones llaman las puertas giratorias o revolving doors.

En ámbitos como la contratación pública o el urbanismo, deben realizarse reformas radicales, para evitar que instituciones tan importantes como el Parlamento Europeo, con el conocido Informe Auken de febrero de 2009, nos pongan en evidencia ante la opinión pública europea y mundial.

Porque España y Aragón merecen unos gobiernos transparentes y limpios, y el sistema democrático y la economía agradecerán si se acometen las reformas que son necesarias.

Según un reciente informe de la prestigiosa organización Transparency International (IT), la corrupción global, a través de los sobornos y otras prácticas perniciosas y su influencia en las políticas públicas, tiene cada año un coste que se puede calcular en muchos miles de millones de euros en todo el mundo.

Estas prácticas de corrupción constituyen una fuerza destructiva que limita de un modo muy notable el crecimiento económico de los países y que daña de forma irreversible la confianza de los ciudadanos y de las empresas en el sistema democrático.

En España y en Aragón, este coste económico de las prácticas corruptas ha sido calculado, con base en los informes de la Fiscalía anticorrupción y en otros datos recientes, en varios miles de millones de euros al año: sobornos, ineficiencias y otras consecuencias perniciosas.

Por esta razón, todos los expertos que han estudiado esta materia (juristas, economistas, sociólogos, etc) llegan a una unánime conclusión: es preciso poner en práctica Códigos de Buen Gobierno en el ámbito público y empresarial, con carácter obligatorio y coercitivo, y que consigan frenar el fenómeno de la corrupción a través de la concienciación de la sociedad y de los responsables públicos, y del castigo ejemplar y contundente de las prácticas que vulneren estas reglas de buen gobierno.

Si instauramos en nuestra sociedad una nueva cultura de la honestidad y transparencia en el ámbito público y de la empresa, nuestro sistema democrático saldrá notablemente fortalecido y reforzado, y los ciudadanos tendrán muchos motivos para confiar en el sistema.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha de los Códigos de Buen Gobierno tendrá como consecuencia la existencia de Gobiernos y empresas más transparentes y eficientes y, en tiempos de crisis como los actuales, podrán sentarse las bases de un crecimiento económico sano y a más largo plazo.

Para conseguir estos objetivos, es preciso acometer una reforma profunda de los Gobiernos y Administraciones, con una reducción de los trámites burocráticos y una mayor transparencia en el acceso de los ciudadanos a la información administrativa.

También es imprescindible una mayor austeridad en las cuentas públicas, con una reducción radical del sector público empresarial, que hoy en Aragón gestiona entre 600 y 900 millones de euros en 2010, en gran parte ajeno al control parlamentario y contable.

Deben regularse de un modo mucho más estricto los conflictos de intereses de los cargos públicos, para evitar recientes episodios bien conocidos y polémicos de lo que los anglosajones llaman las puertas giratorias o revolving doors.

En sectores como la contratación pública o el urbanismo, es urgente acometer reformas radicales, para evitar que instituciones tan importantes como el Parlamento Europeo, con el conocido Informe Auken de febrero de 2009, nos pongan en evidencia ante la opinión pública europea y mundial.

España y Aragón merecen unos gobiernos transparentes y limpios, y el sistema democrático y la economía agradecerán si se acometen las reformas que son necesarias.

Aunque sus precedentes clásicos se encuentran en la obra de Aristóteles “Política”, la moderna teoría de la separación de poderes tuvo como punto de referencia la publicación, en la Ginebra ilustrada de 1748, de la obra del Barón de Montesquieu “El Espíritu de las Leyes”, que introduce en el Continente europeo estas ideas, que ya habían comenzado a aplicarse en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa de 1688, y que posteriormente (como describe con gran agudeza Alexis de Tocqueville en 1835 en su conocido ensayo La democracia en América) los estadounidenses incluyeron en su declaración de Independencia de 1776 y en la Constitución de 1787.

Se trata del conocido sistema de checks and balances (el legislativo controla al ejecutivo y al judicial, y estos últimos se controlan a su vez mutuamente), en donde ningún poder del Estado goza de libertad absoluta, y se encuentra sometido a un conjunto de límites que pretenden conseguir el control del ejercicio público de las potestades y evitar la existencia de abusos y con ello limitar la natural tendencia del ser humano a abusar del poder cuando dispone de él (en la terminología de Thomas Hobbes en su conocido ensayo “El Leviatán” de 1651).

Este mecanismo de checks anda balances se ha venido aplicando también a la actuación del Gobierno y la Administración, de modo que éstos por una parte han contado con un poder de intervención acrecentado en Occidente tras el fin de la II Guerra Mundial en 1945 y la creación del Estado Social o Estado del Bienestar (Welfare State).

Pero, al mismo tiempo, se ha aplicado un sistema de control (judicial, parlamentario, financiero, social y de otros tipos -a través de la opinión pública, etc-) sobre la actuación gubernamental en los distintos terrenos.

En este escenario general que acabamos de describir, en el ámbito de la intervención pública en la economía es donde resulta más difícil aplicar los principios de la división de poderes y de los controles sobre la actuación gubernamental, y donde la discrecionalidad administrativa resulta más difícil de reducir y controlar (sobre ello, y las posibles medidas a adoptar, puede verse mi libro “Administración económica y discrecionalidad”, Lex Nova, Valladolid, 2000).

Ello se debe a que en la intervención pública en la economía existen unas circunstancias especiales que favorecen que el principio de legalidad y el de Estado de Derecho deben operar aquí de un modo más flexible que en el resto de sectores de actuación pública: la existencia de circunstancias económicas y cambiantes y dinámicas (épocas de crisis y de bonanza), la necesidad de sigilo y discreción con la que deben adoptarse muchas medidas económicas (por ejemplo, financieras, bancarias y crediticias…), o el carácter negociado y pactado de muchas decisiones a adoptar y la necesidad de ponderar entre los muy complejos intereses que normalmente entran aquí en juego.

Como contrapunto a esta situación, las empresas y los demás agentes económicos necesitan, en sus relaciones entre ellas y con la Administración, contar con un marco jurídico estable que les otorgue un grado suficiente de seguridad jurídica que les permita poder canalizar adecuadamente sus intereses y sus aspiraciones.

En este contexto que acabamos de describir es donde deben analizarse las distintas medidas adoptadas por los Gobiernos (y objeto de debate en las recientes reuniones del G-20, G-7, Davos y sus foros alternativos, Cumbre de Copenhague sobre el clima, etc) para hacer frente a la actual situación de crisis económica: la adquisición de activos de entidades financieras y crediticias, las ayudas a empresas en situaciones de dificultad, o la puesta en marcha de incentivos fiscales, entre otras.

Sobre el fondo de la situación actual de recesión económica, si comparamos la actuación de los Gobiernos en la última década con los principios de checks and balances de la división clásica de poderes antes expuestos, podemos apreciar que se ha producido un claro fallo en el sistema de controles sobre la actuación gubernamental y en la supervisión de los distintos poderes públicos sobre las irregularidades e ineficiencias cometidas por las empresas y agentes económicos privados en general.

Y al no funcionar de modo correcto este sistema de controles, los responsables políticos no sólo no han sido capaces de evitar y prevenir la actual situación de crisis (cuyos efectos habrían sido mucho menores en el caso de haber operado con eficacia el checks and balances en el ámbito de la regulación económica), sino que una vez que ésta ha comenzado, se ha agravado con gran rapidez ante la ausencia de un poder público fuerte y equilibrado que pudiera servir de contrapunto a los fallos de mercado.

Ante esta situación, la conclusión a la que puede llegarse es que es preciso reforzar, en el ámbito mundial y en cada Estado en particular, los mecanismos de supervisión y control sobre los distintos agentes (públicos y privados) que actúan en el ámbito económico: gobiernos y administraciones, consejos de administración de las empresas, y empresarios individuales y consumidores en general. Y, con ello, debe también reducirse la discrecionalidad con la que cuenta la Administración hasta unos límites que sean razonables, con el fin de lograr una mayor eficiencia económica y también controlar mejor la corrupción gubernamental y de las empresas.

En particular, deberían reforzarse los controles jurídicos sobre la intervención de los gobiernos en la economía, con medidas como la simplificación normativa y una mayor claridad en el contenido de las reglas económicas y el reforzamiento de los órganos jurisdiccionales y de los controles internos dentro de la propia Administración.

Al mismo tiempo, los demás controles sobre el poder público (control parlamentario, control social -a través de la opinión pública y los medios de comunicación-, control financiero -con órganos como las cámaras de cuentas- y de otros tipos) también deberían mejorarse, otorgando un protagonismo y un poder mayor a estos mecanismos de supervisión complementarios del control jurídico.

Porque si los Gobiernos y las empresas cuentan con reglas del juego más claras, se podrán adoptar medidas más eficaces para poder afrontar con garantías la actual situación de crisis económica y, al mismo tiempo, se establecerán las bases para que en el futuro puedan detectarse y corregirse a tiempo situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad.

Os dejo el enlace al libro antes mencionado, “Administración económica y discrecionalidad”.

Administración económica y discrecionalidad

 

 

 

DECÁLOGO DEL BUEN GOBIERNO (2010)

 

Zaragoza, 16 de marzo de 2010

 

1º.-  Reformar los Gobiernos y Administraciones, reduciendo los trámites burocráticos, para que los ciudadanos cuenten con unos servicios públicos modernos y eficaces.

2º.- Aumentar la transparencia de los Gobiernos y Administraciones, permitiendo al ciudadano acceder de modo inmediato a cualquier expediente e información.

3º.- Austeridad en las cuentas y en el gasto público, con una actitud de ejemplo por parte de los responsables públicos.

4º.- Supresión de todas las empresas públicas cuyos servicios puedan ser prestados directamente por la Administración.

5º.- Puesta en marcha de la Cámara de Cuentas, con medios materiales y personales amplios y suficientes, que controle hasta el último euro del dinero público que se gaste en Aragón por cualquier Administración.

6º.- Control parlamentario eficaz, con una revitalización de las Cortes de Aragón y una reforma profunda de su reglamento, y una cercanía y conexión mucho mayor con los ciudadanos.

7º.- Frente a la corrupción, reacción inmediata y puesta en marcha de mecanismos eficaces de investigación, con muchos más medios y una campaña de concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducirla a niveles europeos.

8º.-  Idea moderna y eficaz de la función pública, suficientemente valorada por la sociedad, pero sometida a los principios de eficiencia y control, e incentivo permanente.

9º.- Aumentar la transparencia en los contratos públicos, con una publicidad efectiva y una objetividad real en las adjudicaciones, y con una agilización de los procedimientos.

10º.- Rendición de cuentas por parte de los representantes públicos, con declaraciones de bienes obligatorias y aplicación estricta de los regímenes de incompatibilidades, de conflictos de intereses y de acumulación de mandatos.

 

(César Ciriano Vela)

Aunque el director general de Caja Inmaculada indicó que el informe que encargaron a su antigua empresa, Deloitte, sobre la situación de la caja resulto ser positivo, es decir, viable en solitario, rehusó aclarar si se descarta definitivamente la fusión virtual mediante un SIP con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias.

La prioridad en la que se centra ahora Luis Miguel Carrasco es adoptar una serie de decisiones y valorar estratégicamente lo que más le interesa a la caja.

Habrá que ver qué ocurre en un futuro, pues el mercado de las cajas se está reorganizando y Caja Inmaculada tendrá que valorar las múltiples opciones que hay, sin que haya plazos fijos, aunque el comité de empresa siempre rechazó la fusión virtual.

Estas declaraciones se realizaron en un foro de ADEA en Zaragoza.


El presidente de la Junta de Distrito de Las Fuentes, el concejal Laureano Garín, trasladó este mes a Urbanismo sus exigencias para revitalizar la orla este de la ciudad y diseñar el plan de acompañamiento de Expo Paisajes 2014. Las propuestas se resumen en nuevos equipamientos, viviendas y plazas de aparcamiento en emplazamientos concretos, tales propuestas están calificadas “de interés general”, y son:

  • 800 VIVIENDAS VPO, principalmente destinada a jóvenes y estarían ubicadas en el entorno de Echegaray y Caballero, de Veterinaria y las cocheras de Tuzsa, etc.
  • MÁS APARCAMIENTOS, junto a la gasolinera de la calle San Adrián de Sasabe, proyecto que generaría más plazas en la zona y posibilitaría habilitar negocios relacionados con el motor en los bajos comerciales. Vendría acompañado de la exigencia de transformar el tercer cinturón en un vial urbano.
  • EQUIPAMIENTOS, con la construcción de un centro de día para mayores y un polideportivo, en la parcela donde se ubicaba el circo. Otra exigencia es la construcción de una sala multiusos para celebrar los festejos del barrio. Esto último vendria acompañado de abandonar el actual emplazamiento para el que se convocaría un concurso de ideas para convocar un concurso que marque la centralidad del barrio. Por último, defienden la construcción de 78 pisos tutelados.
  • OTRAS MEJORAS, han solicitado la renovación de las instalaciones del antiguo lavadero y la ampliación del Parque Torre Ramona. También proponen ampliar la estación de Cercanías desde Miraflores a Las Fuentes, con la creación de una estación intermodal que tuviera también paradas de autobús taxis.

Vemos que este barrio no deja de proponer ideas mirando siempre por el bien de sus vecinos, que tienen que estar muy agradecidos al concejal Laureano Garín y su equipo.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.asp?pkid=562233

Next Page →